12 sep. 2012

MEXICO: BUSCAN FORMALIZAR MULTAS POR PIRATERIA EN INTERNET

Las industrias del cine, la música y televisión en México piden multas millonarias a quien descargue o ponga a disposición piratería en línea. Una multa de 2.5 millones de pesos a quien suba o descargue piratería de internet, es lo que piden asociaciones como la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y las asociaciones nacionales de intérpretes y actores, quienes apoyan también el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA).

Esta semana trascendió que la propuesta de las industrias mexicanas del cine, la televisión y la música piden que quien suba y descargue piratería musical y de películas en internet sería merecedor de una sanción de hasta 2.5 millones de pesos.

La publicación especializada ALT1040 publicó que “las organizaciones en defensa del copyright no quitan el dedo del renglón”, pues se anuncian ahora multas millonarias por la piratería en línea.

EL IMPI confirmó que las multas ascenderían a 2.5 millones de pesos (cerca de unos 325 mil dólares), “para las personas que alojen, intercambien o descarguen material protegido.” “Esta sanción se lograría si se aprueban reformas como la propuesta del senador Federico Döring, la cual pretendía dar facultades casi policiacas al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI)”.

ACTA, que está por discutirse nuevamente en el Senado de la República, recobió el apoyo de la llamada “Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC)”, que agrupa a 37 asociaciones, entre ellas la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y las asociaciones nacionales de intérpretes y actores.

“ACTA está satanizada, pero México pertenece a tratados internacionales de internet desde el 2002, lo que pasa es que nunca ha estado implementado algo por el gobierno”, dijo Gilda González, presidenta de la CALC a El Universal. “Queremos que haya un procedimiento civil en esto, no se ha hablado jamás de cárcel o de quitarle la línea a alguien, tampoco de espiar, sino de que a quien lo haga, se le avise, se le notifique que está haciendo algo ilegal y si no hace caso, que haya sanción”, agrega la representante de las industrias de generación de contenidos.

En respuesta a las críticas contra ACTA, la simpatizante de leyes como ACTA y la Ley Döring afirmó que “no se pretende coartar la libertad de expresión a los usuarios de internet y tampoco se estarían espiando sus acciones en la llamada red.” La representante de esta coalición detalló que los procedimientos contra quienes practiquen la piratería en Internet sólo podrán ser comenzados por el titular de los derechos de la obra, el productor de películas o compositores de canciones.

La acusación por piratería “Entonces iría a la autoridad correspondiente, con pruebas de ello, para que ésta le pidiera al proveedor de servicio los datos de esa dirección y así, poder actuar primero con un aviso hacia ese usuario”, detalla González.

En el plan legal que plantean las industrias del cine y la música, el afectado sería el titular de la línea, aunque no sea precisamente el que publicó ilegalmente la obra. “Es como cuando a un auto le toman fotos por infracción y se podría decir que era el hijo, el hermano o la abuelita la que manejaba, pero no importa, sino las placas y su propietario”, afirmó González. González admitió que aún debe aclararse cualquier duda en las leyes mexicanas, para evitar malentendidos o que esta carezca realmente de efectividad en la práctica.

Pero, ¿qué es la CALC? Las organizaciones que defienden el Copyright en México, agrupadas en la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC) desde 2009, son 37 grupos de artistas, intérpretes, músicos, cineastas y otros trabajadores de la cultura.

Entre los objetivos originales de la CALC se encuentran la regulación de los servicios de Internet -tanto de los proveedores como de los usuarios-; y tipificar la piratería en el Código Penal Federal.

Falta determinar “¿qué se considera como piratería?”, para que este delito se persiga de oficio. Además, según esta publicación en línea, “la CALC es uno de los principales impulsores del ACTA en México, al grado de la colusión entre empresas y gobierno.”

Se acusó a Gilda González como la muestra de “la colusión de los intereses personales con el gobierno, proponiendo legislaciones que no miran por el beneficio común.”

En respuesta a las declaraciones de Gilda González a El Universal publicadas el domingo pasado, ALT1040 respondió que la hoy presidenta de la CALC, “fue una de las involucradas en la negociación de ACTA por parte del gobierno federal en 2010.” Este portal citó un cable filtrado por WikiLeaks donde se muestra la participación de la directora de la CALC. En el cable se afirma que “los funcionarios mexicanos en materia de propiedad intelectual (IMPI) expresaron un fuerte interés en tener a México como participante de las negociaciones multilaterales que buscan un nuevo acuerdo internacional para fortalecer la protección a los derechos de propiedad intelectual.”

El cable afirma también que “en una videoconferencia digital sostenida el 9 de agosto, funcionarios de Estados Unidos explicaron estos elementos a Gilda González, Directora de Protección a la Propiedad Intelectual; e Irma Herrera, Coordinadora de Asuntos Internacionales, ambas del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.”

El reporte filtrado por Wikileaks fue realizado por representantes diplomáticos de EU en México en 2007 afirma que la hoy representante de los empresarios del ramo “dijo que otras agencias mexicanas deberían ser consultadas, pero que el gobierno mexicano sería capaz de proveer una respuesta firmada sobre su participación a mediados de septiembre, cuando los Estados Unidos y otras naciones involucradas esperan anunciar el inicio de las negociaciones.”

Según ALT1040, lo que se puede deducir tras la entrevista de Gilda González con El Universal, es que los artistas, productores o dueños de la obra “entraría a un software que les permitiría ver la dirección IP del supuesto infractor. De ahí, irían con la autoridad correspondiente, quienes pedirían al proveedor de servicios los datos del usuario; acto seguido, se enviaría una notificación, y en caso omiso, se impondría una multa.”

Por lo anterior afirman que sí habría espionaje “en caso de vigilarse las redes p2p” y agregan que la titular de la CALC “olvida mencionar las múltiples ilegalidades en este proceso.” En primer lugar, “las autoridades no tienen facultades para exigir datos personales de usuarios sin una orden judicial”; en segundo lugar, “se asume que una dirección IP equivale a una persona, algo que ya ha sido desestimado en tribunales de países como Reino Unido.”

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